¡Justicia! ¿Justicia?
Algunos pensamientos sobre la justicia y la política


La justicia es un tema delicado, tanto para los anarquistas como para los adherentes a partidos políticos tradicionales, así como también para la gente que no está afiliada a ninguna corriente política. Todos mantienen que hay una justicia superior, más fuerte: Por encima de los juegos políticos, y que es un deseo o derecho humano, un ideal fuera de duda.

La autora del artículo no está de acuerdo con este punto de vista. La idea de justicia siempre tiene como fundamento un poder superior, ya sea imaginario o real, que decide lo que es justo y lo que es injusto, y eso para todos.

La justicia no tiene una calidad individual sino general: Es un ideal de subordinación.
Últimamente había o todavía existen casos de justicia muy vinculados a la política internacional. Uno era el tal llamado “caso Pinochet”. El otro es el del Tribunal de La Haya sobre la antigua Yugoslavia.


1. El “caso Pinochet”

¿Los que reivindicaron y que querían que Pinochet fuera juzgado en España, que aceptaron de veras sin pronunciarlo?

En primer lugar, si Pinochet hubiera sido acusado y condenado por crímenes contra la Humanidad, las víctimas de su régimen no hubieran vuelto a la vida. Al igual que ocurre cuando la pena de muerte se ejecuta con un presunto delincuente, tampoco sirve para reanimar a su(s) víctima(s), sino solo satisface el sentido de venganza de los familiares de la(s) víctima(s) y reconstituye la autoridad legal del poder supremo.
En segundo lugar, Pinochet ha sido más que un asesino a gran escala. Fue el verdugo de una revolución, o por lo menos de un propio camino nacional hacia una redistribución de la propiedad. En 1973, el mundo estaba polarizado entre dos grandes poderes y en Chile había mucha gente que quería aprovecharse de este hecho para salir de la influencia americana, capitalista y, de esta manera generar otro sistema que favoreciera más a los pobres, tomando de los ricos. Para los EE.UU. eso era insoportable, no solamente en su patio trasero, sino también en otras partes del mundo. De esta manera, Pinochet recibió todas libertades para aplastar al gobierno de Allende y a toda la gente que tenían pensamientos herejes contra el orden de la propiedad privada. Pinochet quería dar un escarmiento, dar una señal a todos los países de América Latina. Y lo consiguió. El Cono Sur se “pacificaba” en poco tiempo.

Más tarde, el fin del comunismo soviético puso fin, de una manera todavía más generalizada, a las esperanzas de propios caminos de desarrollo. Pero eso no se juzga en las cortes y no se puede juzgar y menos todavía por jueces españoles o de ningún otro país que, al igual que España, disfrutan del orden mundial establecido, mantenido y guardado por los EE.UU.

Mientras no es visible una ventaja sustancial para las víctimas de Pinochet, sus familiares o la población de Chile en general, sí se pueden detectar daños graves para la salud mental. Además, un juicio tal hubiera tenido un contenido que no tiene que ver nada con el pasado, sino mucho con el presente.
Un juicio en España hubiera significado que la justicia española se impone sobre la soberanía de Chile. Hubiera demonstrado una vez más la jerarquía entre los países de primera y segunda clase.
Un juicio semejante hubiera clasificado un golpe de estado y sus consecuencias, que entonces estaban concertadas con los guardianes del orden mundial, como una infracción contra tal orden imperialista de hoy. Eso hubiera sido algo como una mentira judicial, confundiendo el pasado con el presente, en que ya no se necesita a un Pinochet, ni a un Suharto, porque el comunismo se acabó también en su propia patria.
Un juicio tal hubiera, una vez más, fortificado la fe en la democracia como modelo de gobernar, y como antítesis a la dictadura. Con esta contraposición equivocada, sus adherentes se niegan a tomar nota del hecho de que son las democracias europeas y americanas las que mantienen y respaldan a las dictaduras en el Tercer Mundo.

Democracia y dictadura son, al fin y al cabo, nada más que dos formas de dominio estatal que se aplican según las condiciones que se han desarrollado en el curso del tiempo en los respectivos países.
(En España, por ejemplo, con una clase obrera fuerte y luchadora se necesitaba una dictadura para aplastar este movimiento y así “pacificar” la contradicción de clases. Con una clase obrera débil y sumisa - como consecuencia a este tratamiento - ya se podía “arriesgar” la democracia.)


2. El ICTY (Tribunal de La Haya)

Otra historia de justicia imperial es la del Tribunal de La Haya. Para entender su papel hay que hacer un resumen breve de los conflictos y guerras en la antigua Yugoslavia.

La Yugoslavia de Tito era respectada y respaldada por el Oeste porque constituía un enemigo del Bloque Soviético. Al mismo tiempo, era tolerada y aceptada por Unión Soviética, porque no pertenecía a la OTAN. Su mezcla particular entre propiedad privada y propiedad estatal – su “tercera vía” – funcionaba porque los grandes poderes de entonces se lo permitieron y hasta lo fomentaron.

Con la Perestroika y la dimisión del Socialismo Real cambió la política del Oeste hacía Yugoslavia. Su “tercera vía” se acabó. Yugoslavia se puso bajo tutela del FMI. Contra la inflación galopante - resultando, entre otras cosas, la apertura incondicional del mercado yugoslavo para mercancías de la UE - el FMI impuso su política conocida de “dinero escaso” , la limitación de la cantidad de dinero circulante. El primer país en Europa donde por meses y hasta medio año no se pagaban los salarios fue Yugoslavia.
Los políticos yugoslavos vieron que había que buscar otro modo de gobernar y organizar a su sociedad, y algunos de ellos sacaron del saco de los trucos del engaño político la misma carta miserable que siempre constituye el último recurso de gobiernos en emergencia: El nacionalismo. El resto de la historia ya la conocemos.

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (ICTY) se constituyó en 1993 como reacción a la guerra de Bosnia. Es el primer tribunal para juzgar crímenes de guerra, después de los tribunales de Nuremberg y Tokio, que los poderes victoriosos celebraron acabada la II Guerra Mundial. Es un absurdo hablar de crímenes de guerra y hacer una distinción sobre cómo hay que matar a la gente y cómo no.
Esta distinción se puede permitir solo a los asesinos más fuertes sobre los más débiles. Las “guerras justas” las hacen los estados que las ganan; los que las pierden han perpetrado un “crimen” . Nadie ha puesto a los EE.UU. en un tribunal por el uso de Argent Orange en Vietnam, or por cualquiera de las atrocidades que han cometido sus soldados o mercenarios a lo largo y ancho de este mundo. Y es que nadie puede, porque ellos son los más fuertes y así tienen el poder de permitir, prohibir y castigar.

Ya antes de bombardear, primero a los serbobosnios, más tarde Yugoslavia; antes de establecer los protectorados de Bosnia y Kosovo, los EE.UU. y UE decidieron que los que mandan en los Balcanes son ellos, y al lado de ellos solo los gobiernos títeres que reciben y cumplen sus ordenes. El ICTY es un tribunal de los países económica y políticamente dominantes sobre los sucesores de un país que ya no necesitaban.
El hecho de que sea una institución de la ONU da a este tribunal la consagración que instituciones de este tipo siempre reciben: La ilustre “comunidad internacional” contra unos asesinos sucios, la civilización contra la barbarie, la humanidad que se enfrenta con sus infractores, etcétera.

Como dijo hace poco el más conocido perseguido de este tribunal, Slobodan Milosevic, en una entrevista: “Cuando los políticos de la UE y de los EE.UU. querían estabilidad en los Balcanes, me respaldaron. Cuando votaron por la inestabilidad en esta región, me abandonaron.”


3. El Tribunal Penal Internacional (TPI)

En 1998, en Roma se decidió la creación de un tribunal internacional que tiene jurisdicción sobre todos los estados del mundo por crímenes de guerra, por genocidio y por crímenes de la hu manidad. Entre los más ardientes opositores a un tribunal de este tipo estaban los Estados Unidos (como detalle interesante, junto con su más grande enemigo, el “estado canalla” del Irak).

Evidentemente los EE.UU. saben muy bien que estas categorías de crimen se pueden aplicar muy fácilmente a muchas de sus obras político-militares en todo el mundo. Para las mismas cosas para quienes el Tribunal de La Haya juzga de “delincuentes” yugoslavos, en los EE.UU. se decora a los militares, o hacen de ellos ministros de asuntos exteriores.

Los EE.UU., como único poder superior, quieren definir qué crueldades son legales y cuáles no lo son, y no quiere someterse a una justicia superior. Por eso niega su participación en una institución como el TPI. A pesar de que Clinton lo aceptó en sus últimos días como Presidente - para joder a su sucesor - no es probable que el parlamento lo va a ratificar, porque eso estaría en contra de la razón de este estado.
En resumen: La justicia es un arma de imposición - estatal, en el caso de justicia nacional, imperialista en casos internacionales - de las reglas de conducta. Dentro del país sirve, ante todo, para establecer y mantener el sistema de propiedad.

Las reivindicaciones políticas y económicas que se hacen – o se hicieron – con la palabra “¡Justicia!” reconocen el poder estatal y patronal de dar y tomar.

Hoy en día, se usa la palabra “Justicia” , más frecuentemente, para exigir a alguien que renuncie de sus reivindicaciones, con el argumento de que otros también han perdido algo: Entonces es “justo” que tu también tengas menos!

Las revoluciones que se hacen con la palabra “¡Justicia!” en sus banderas contienen ya el germen de nuevos sistemas de supresión estatal, como se ha demonstrado tristemente en el curso de la historia.

 

(Originalmente este artículo apareció en CNT – Periodico mensual de la Confederación Nacional de Trabajo, Mayo 2001)

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