¡Justicia!
¿Justicia?
La autora del artículo no está de acuerdo con este punto
de vista. La idea de justicia siempre tiene como fundamento un poder superior,
ya sea imaginario o real, que decide lo que es justo y lo que es injusto,
y eso para todos. La justicia no tiene una calidad individual sino general: Es un ideal
de subordinación.
¿Los que reivindicaron y que querían que Pinochet fuera
juzgado en España, que aceptaron de veras sin pronunciarlo? En primer lugar, si Pinochet hubiera sido acusado y condenado por crímenes
contra la Humanidad, las víctimas de su régimen no hubieran
vuelto a la vida. Al igual que ocurre cuando la pena de muerte se ejecuta
con un presunto delincuente, tampoco sirve para reanimar a su(s) víctima(s),
sino solo satisface el sentido de venganza de los familiares de la(s)
víctima(s) y reconstituye la autoridad legal del poder supremo. Más tarde, el
fin del comunismo soviético puso fin, de una manera todavía
más generalizada, a las esperanzas de propios caminos de desarrollo.
Pero eso no se juzga en las cortes y no se puede juzgar y menos todavía
por jueces españoles o de ningún otro país que, al
igual que España, disfrutan del orden mundial establecido, mantenido
y guardado por los EE.UU. Mientras no es visible una ventaja sustancial para las víctimas
de Pinochet, sus familiares o la población de Chile en general,
sí se pueden detectar daños graves para la salud mental.
Además, un juicio tal hubiera tenido un contenido que no tiene
que ver nada con el pasado, sino mucho con el presente. Democracia y dictadura son, al fin y al cabo, nada más que dos
formas de dominio estatal que se aplican según las condiciones
que se han desarrollado en el curso del tiempo en los respectivos países.
Otra historia de justicia imperial es la del Tribunal de La Haya. Para
entender su papel hay que hacer un resumen breve de los conflictos y guerras
en la antigua Yugoslavia. La Yugoslavia de Tito era respectada y respaldada por el Oeste porque
constituía un enemigo del Bloque Soviético. Al mismo tiempo,
era tolerada y aceptada por Unión Soviética, porque no pertenecía
a la OTAN. Su mezcla particular entre propiedad privada y propiedad estatal
su “tercera vía” funcionaba porque los
grandes poderes de entonces se lo permitieron y hasta lo fomentaron. Con la Perestroika y la dimisión del Socialismo Real cambió
la política del Oeste hacía Yugoslavia. Su “tercera
vía” se acabó. Yugoslavia se puso bajo tutela del FMI.
Contra la inflación galopante - resultando, entre otras cosas,
la apertura incondicional del mercado yugoslavo para mercancías
de la UE - el FMI impuso su política conocida de “dinero escaso” ,
la limitación de la cantidad de dinero circulante. El primer país
en Europa donde por meses y hasta medio año no se pagaban los salarios
fue Yugoslavia. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (ICTY) se constituyó
en 1993 como reacción a la guerra de Bosnia. Es el primer tribunal
para juzgar crímenes de guerra, después de los tribunales
de Nuremberg y Tokio, que los poderes victoriosos celebraron acabada la
II Guerra Mundial. Es un absurdo hablar de crímenes de guerra y
hacer una distinción sobre cómo hay que matar a la gente
y cómo no. Ya antes de bombardear, primero a los serbobosnios, más tarde Yugoslavia;
antes de establecer los protectorados de Bosnia y Kosovo, los EE.UU. y
UE decidieron que los que mandan en los Balcanes son ellos, y al lado
de ellos solo los gobiernos títeres que reciben y cumplen sus ordenes.
El ICTY es un tribunal de los países económica y políticamente
dominantes sobre los sucesores de un país que ya no necesitaban. Como dijo hace poco el más conocido perseguido de este tribunal, Slobodan Milosevic, en una entrevista: “Cuando los políticos de la UE y de los EE.UU. querían estabilidad en los Balcanes, me respaldaron. Cuando votaron por la inestabilidad en esta región, me abandonaron.”
En 1998, en Roma se decidió la creación de un tribunal internacional
que tiene jurisdicción sobre todos los estados del mundo por crímenes
de guerra, por genocidio y por crímenes de la hu manidad. Entre
los más ardientes opositores a un tribunal de este tipo estaban
los Estados Unidos (como detalle interesante, junto con su más
grande enemigo, el “estado canalla” del Irak). Evidentemente los EE.UU. saben muy bien que estas categorías de
crimen se pueden aplicar muy fácilmente a muchas de sus obras político-militares
en todo el mundo. Para las mismas cosas para quienes el Tribunal de La
Haya juzga de “delincuentes” yugoslavos, en los EE.UU. se decora
a los militares, o hacen de ellos ministros de asuntos exteriores. Los EE.UU., como único poder superior, quieren definir qué
crueldades son legales y cuáles no lo son, y no quiere someterse
a una justicia superior. Por eso niega su participación en una
institución como el TPI. A pesar de que Clinton lo aceptó
en sus últimos días como Presidente - para joder a su sucesor
- no es probable que el parlamento lo va a ratificar, porque eso estaría
en contra de la razón de este estado. Las reivindicaciones políticas y económicas que se hacen
– o se hicieron – con la palabra “¡Justicia!” reconocen
el poder estatal y patronal de dar y tomar. Hoy en día, se usa la palabra “Justicia” , más
frecuentemente, para exigir a alguien que renuncie de sus reivindicaciones,
con el argumento de que otros también han perdido algo: Entonces
es “justo” que tu también tengas menos! Las revoluciones que se hacen con la palabra “¡Justicia!” en sus banderas contienen ya el germen de nuevos sistemas de supresión estatal, como se ha demonstrado tristemente en el curso de la historia.
(Originalmente este artículo apareció en CNT – Periodico mensual de la Confederación Nacional de Trabajo, Mayo 2001) |